Iniciaba el año 2016, cuando Jimmy Morales con la mano izquierda sobre la Constitución y con «amor patriótico” juró respetar la ley, para tomar posesión de su cargo como presidente de la República de Guatemala, pero tras de él, había una coalición integrada por militares, la élite empresarial, diputados corruptos y cercanos al crimen organizado, en definitiva, un grupo selecto de militares, narcos y corruptos, quienes serían los que realmente tomarían las decisiones en la gestión de Morales.
Con ese apoyo, Morales ganó las elecciones, vendiéndose como el representante que lucharía en contra de la corrupción y la impunidad, sin embargo, todo fue un engaño, porque Morales era un miembro más de la coalición de corruptos, es más, él era el presidente soñado para seguir con un sistema corrupto y de impunidad.
Pero esa “perfecta” coalición se rompió en diciembre de 2016, con la investigación del Ministerio Público (MP), a cargo de Thelma Aldana y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, (CICIG) por el caso de corrupción en el que se vinculó directamente al hijo y el hermano de Jimmy Morales, en respuesta, Morales declaró “non-grato” al jefe de la CICIG, Iván Velásquez.
Desde entonces hay una nueva coalición que respalda a Jimmy conformada por el binomio presidencial de FCN-Nación, Estuardo Galdámez y Betty Marroquín, que se han unido con un solo objetivo y misión, expulsar a la CICIG del país.
