martes, enero 19, 2021

En El Salvador, el proceso legal del empresario José Antonio Salaverría y el Banco Davivienda, aseguran que marcará un precedente para otros casos similares, debido a que, por orden del Juzgado Primero de lo Mercantil, la institución bancaría entregó parte de los $49,314,303 que debe pagar por daños y perjuicios causados a su patrimonio, según la condena de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de dicho país.

<p>“El parcial que se nos está pagando es lo liquido que tenían los depositarios en este momento y la subasta la jueza tiene que poner fecha, pero si, esto es ya un gran avance”, expresó Salaverría.

Este caso que tiene alrededor de 11 años y en el cual, inicialmente, existían tres demandas contra el banco HSBC, ahora Davivienda, por daños y perjuicios e incumplimiento de contrato, por un monto de $91 millones; sin embargo, el demandante afirmó que solo se quedó con dos demandas porque desistió de una.

El otro caso similar, es lucha legal que inició en 1984, cuando la empresa salvadoreña dedicada al rubro de los pesticidas QUIMAGRO, fue embargada por el Scotiabank, antes Banco de Comercio, al no solventar una deuda de 40 mil dólares.

En 1995 da inicio el litigio entre Scotiabank y QUIMAGRO, y durante 2001, el Juzgado Tercero de lo Civil condenó al banco a indemnizar a la empresa, pero la institución financiera apeló ante la Cámara de Segunda Instancia de lo Civil y esta revirtió la condena.

Luego de muchos procesos, el 15 de abril de 2013, QUIMAGRO S.A. de C.V., en virtud del fallo pronunciado por la Sala de lo Civil, inició el “proceso ordinario de indemnización por daños y perjuicios”, ante un juzgado de lo Civil y Mercantil de San Salvador, reclamando al Banco de Comercio o Scotiabank 49 millones de dólares; por lo cual, el Juzgado condenó a la transnacional al pago solicitado por QUIMAGRO.

El caso Salaverría-Davivienda y el #CasoCuscatlán, están marcando un antes y un después en ese país, debido a que por años y gracias a los funcionarios corruptos de las instituciones salvadoreñas, las resoluciones se inclinaban a quienes tuvieran el poder económico.

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