El reconocido analista Juan Francisco Solorzano Foppa, asegura que esta no es una buena noticia, ya que gracias a investigaciones del Ministerio Público y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG), en los casos conocidos como Negociantes de la Salud e IGSS-Pisa, salió a la luz que varias de las peores mafias del país se volvían multimillonarios a través de los procesos de adquisiciones, en los cuales se compraban medicinas a precios dos o tres veces más caros que los del mercado.
Según la información sobre este caso, antes de 2015, al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) le costaba 14,40 quetzales (1,87 dólares) cada pastilla para la acidez estomacal, el Lansoprazol. Ese mismo año el 68% de las compras de medicamentos se concentraban en nueve empresas que representaban a cuatro grandes grupos empresariales y el control de los contratos se repartía en pocas manos y quienes ganaban las licitaciones, generalmente, eran los mismos. No existía una competencia real. Este año, la institución adquirió la misma píldora en nueve centavos de quetzal (un centavo de dólar).
Estas prácticas monopólicas y corruptas en la modalidad de compra directa, ya sea por solicitud de los hospitales regionales o por medio de acciones de amparo interpuestas por abogados pagados por casas farmacéuticas, fueron reveladas mediante el caso Negociantes de la Salud. Sin embargo, para Foppa, todavía falta mucho por hacer.
“Vivimos en el país del absurdo, donde los delincuentes ahora juzgan a los funcionarios públicos probos en comisiones ilegales y donde los buenos esfuerzos por mejorar las instituciones reciben como premio la intervención o el despido de sus autoridades”, menciona el analista.