lunes, octubre 14, 2019

La reciente información que confirmó que el titular del Juzgado Décimo de Instancia Penal, Víctor Cruz, tenía a su disposición un vehículo blindado otorgado por la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) y «seguridad personalizada» de parte del Ministerio de Gobernación (MINGOB), pone en duda la honestidad e imparcialidad de su trabajo y hace pensar que Cruz “opera políticamente”.

Según el analista político Renzo Rosal,  el hecho  que el  juez Cruz cuente con seguridad de dos entidades gubernamentales, indica que tiene “nexos evidentes” con el Ejecutivo.

“Sobre este juez hay una serie de cuestionamientos y fundamentalmente por su parcialidad, por su falta de independencia y porque sus resoluciones, probablemente, le estén haciendo el juego a ciertos sectores de poder”, expresó Rosal.

Para Rosal la seguridad otorgada a Cruz no se justifica, porque son  “privilegios”, que los convierte en “operadores al servicio” del gobierno y por lo tanto, parece ser merecedor de esos «premios e incentivos».

Rosal también indicó que existe preocupación debido a que se ha manejado mediáticamente que esa seguridad se le ha brindado bajo el argumento que  Thelma Aldana y Gustavo Bonilla podrían amenazar o poder afectar la seguridad del juez. “Ni Thelma Aldana ni Gustavo Bonilla, creo yo, tienen pensamientos, ni responden a estructuras criminales como para poner en riesgo la seguridad de un juez que supuestamente ha resuelto en contra de ellos”, finalizó Rosal.