jueves, noviembre 14, 2019

Sandra Torres, candidata a la presidencia por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), utilizó a su favor la justicia guatemalteca  e interpuso una recusación con la que logró detener la  audiencia en la que el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval y el fiscal Andrei González pedirían el levantamiento de las medidas de seguridad con las que se benefició a Torres.

En esa audiencia que estaba  programada para este sábado 4 de mayo, los fiscales presentarían pruebas para suspender las medidas a favor de la candidata presidencial que les fueron otorgadas por la jueza Susan Sabrina Salazar Escobar.

Dichas medidas que iban dirigidas a los fiscales de la FECI, indicaban que Torres  no debe ser “perturbada o intimidada”, tampoco a su núcleo familiar, de forma personal o a través de cualquier medio de comunicación o red social.

Torres cuenta con una larga lista de casos de corrupción en su contra, según el Ministerio Público (MP), recibió Q19 millones para su campaña electoral del 2015 pero no lo declaró ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), además ha sido vinculada con Juan Pablo Mayorga, ex asesor financiero de la UNE que actualmente se encuentra detenido en Estados Unidos junto al excandidato de la Unión del Cambio Nacional (UCN), Mario Estrada, acusados de sus vínculos con el narcotráfico.