lunes, octubre 21, 2019

El Ministerio Público (MP) a cargo de Consuelo Porras, se ha caracterizado entre otras cosas, por brindar un trato «especial» y de protección hacia la candidata a la presidencia por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, quien fue investigada por los comisionados de la CICIG por enriquecimiento electoral ilícito.

El expediente sobre financiamiento electoral ilícito de la campaña del 201  fue presentado ante la fiscal Consuelo Porras en el mes de octubre del 2018 y no fue hasta el 5 de febrero de 2019 que se trasladó a la Corte Suprema de Justicia, que, además, emitió una resolución cuestionada.

El fiscal, Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), presentó el 6 de febrero el caso contra Sandra Torres y dijo que se había pedido el retiro de inmunidad para ser procesada. Sin embargo, los magistrados de la CSJ rechazaron la solicitud.

Con este tipo de acciones queda claro que las instituciones guatemaltecas, lejos de combatir la corrupción y castigar a los corruptos, los protege con el único propósito de mantener una posición de poder en el ámbito público, sin importarles las necesidades y el clamor popular que pide un combate al crimen.